El flamante interventor en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, hombre de extrema confianza del secretario de Medios, Enrique Albistur, llegó hace 1 semana al organismo con el mandato expreso de elaborar un proyecto que sustituya la actual ley de radiodifusión, promulgada durante la dictadura militar.
Dice que "la voluntad de la presidenta de la Nación es avanzar sobre una nueva ley para desconcentrar el mercado"
"Nos parece una decisión óptima. Durante 28 años hubo presiones de actores de la comunicación para que no hubiera una nueva ley de radiodifusión. Y la Presidenta hoy quiere avanzar sobre este tema. Una nueva ley de radiodifusión es la madre de todas las batallas", sostuvo Mariotto.
Sostiene, durante una entrevista con LA NACION, que la urgencia por promulgar una nueva ley de radiodifusión se debe a "una cuestión tecnológica", pero, más tarde, admite que hay "razones políticas" detrás de la urgencia.
-¿A qué se debe el apuro por impulsar ahora una ley de radiodifusión?
-Yo defino esta impronta como que estamos en los umbrales del acceso a nuevas tecnologías muy definidas, como la digitalización. Más allá de la relación coyuntural con distintos actores de la comunicación, el Estado no puede hacer frente a la digitalización con un continente jurídico de la dictadura. La digitalización, con una ley adecuada a los tiempos democráticos, permitirá amplificar la posibilidad de emisión y que haya muchos más actores que puedan emitir. Eso necesita un continente jurídico adecuado. Esa es la coyuntura que lleva al Estado a sancionar urgentemente una nueva ley. Porque de lo contrario esa potencialidad técnica está atrapada en un concepto concentrador de radiodifusión como fue el que instaló la actual ley 22.285.
-Los proyectos parlamentarios no contemplan nada de lo que usted está diciendo.
-Esos proyectos han logrado un consenso en el espíritu de muchos articulados, que dan cuenta del precepto general que es la Declaración de los Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Esos proyectos, presentados desde 1985, han dado muchos consensos. Anticipar la digitalización y las nuevas tecnologías será parte del trabajo el Comfer y de la Secretaría de Medios para aportar esas herramientas a la presidenta de la Nación, y que así tenga en sus manos una nueva herramienta, la nueva ley de radiodifusión, que tiene que tener una decisión política del Poder Ejecutivo como sustento. Al Ejecutivo le cabe un rol muy importante en este tema.
-Con un Congreso como el actual, con mayoría oficialista, lo que se va a aprobar es el proyecto del Poder Ejecutivo.
-Más allá de los números del Frente para la Victoria, esta ley va a tener mucho consenso y aportes de otras fuerzas políticas. La ley de radiodifusión es la madre de todas las batallas. No es casualidad que desde hace 28 años no se pueda tratar una ley de radiodifusión. No es casualidad que actores de poder en la comunicación vean que una ley de la democracia es una amenaza. La amenaza es la ley de la dictadura. Sabemos que hay muchas presiones, pero también sabemos que este umbral tecnológico les llega también a quienes no quisieron tratarla antes. Hoy, todos los actores necesitan una ley de radiodifusión. Y el Estado tiene que poner un grado de racionalidad para garantizar los principios de San José de Costa Rica, que son la libertad de expresión y la pluralidad de voces.
-¿De qué pluralidad de voces se está hablando?
-De los gremios, las universidades, las cooperativas, las fundaciones. La ley 22.285 restringía las licencias sólo para las personas físicas o jurídicas con fines de lucro. Pero también las personas sin fines de lucro tienen que acceder. Las nuevas tecnologías tienen que ser la excusa para nacer democratizados.
-Es curioso que en este momento coyuntural de pelea entre el poder político y los medios se avance con esta ley.
-El momento político-técnico-comunicacional requiere una nueva ley. Hay una voluntad del Estado para democratizar las comunicaciones. Esta ley se fue postergando por infinidad de presiones. Vamos a llevar un proyecto a la Secretaría de Medios.
-¿No es paradójico que el gobierno actual promueva la desconcentración del mercado, cuya concentración consolidó el gobierno de Néstor Kirchner?
-La prórroga de las licencias se ha dado en una coyuntura en la que los titulares de frecuencias adujeron que no habían superado la crisis de 2002 y necesitaban más tiempo de titularidad para refinanciar sus deudas. El Poder Ejecutivo les asignó diez años más. Fue una coyuntura política. Si se hubiera querido intervenir desde el Estado, limitando la expresión, no se hubiera atendido ese pedido de las empresas periodísticas. Una cosa no obstaculiza la otra. Que se les haya dado 10 años más no significa que no pueda haber una nueva ley de radiodifusión.
-¿Tanto apuro para la ley de radiodifusión y el Gobierno aún no aprobó norma de TV digital?
-En el curso de este año el Gobierno va a aprobar la norma. La digitalización en sí ofrece unas alternativas que son básicas para democratizar la comunicación en los medios.
-¿Dónde está la coherencia política cuando se refuerza la concentración de medios y luego se desconcentra?
-El artículo 12 de libertad de expresión dice que los monopolios y oligopolios deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, porque conspiran contra la democracia. Kirchner no reconfirmó la concentración. En un momento de crisis concedió la prórroga de las licencias.
-¿Por qué se avaló la actual situación de la TV por cable?
-Es que en la TV por cable hace mucho tiempo que no se venden nuevos pliegos y eso ayudaría a democratizar las señales de cable en cuanto a la composición de su grilla. La nueva grilla en la TV por cable, ordenando las señales de noticias, va a llevar a muchos cableoperadores a poner el grito en el cielo, pero otros van a estar contentos. El Estado tiene que intervenir para garantizar equidad. Al Estado le está faltando un registro de señales de cable, para ordenar temáticamente la grilla y que no lo haga la libertad de empresa. Así se garantizaría que todos los ciudadanos tuvieran el mismo acceso a las frecuencias.
Por Susana Reinoso y Alejandro Di Lázzaro
De la Redacción de LA NACION
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Dice que "la voluntad de la presidenta de la Nación es avanzar sobre una nueva ley para desconcentrar el mercado"
"Nos parece una decisión óptima. Durante 28 años hubo presiones de actores de la comunicación para que no hubiera una nueva ley de radiodifusión. Y la Presidenta hoy quiere avanzar sobre este tema. Una nueva ley de radiodifusión es la madre de todas las batallas", sostuvo Mariotto.
Sostiene, durante una entrevista con LA NACION, que la urgencia por promulgar una nueva ley de radiodifusión se debe a "una cuestión tecnológica", pero, más tarde, admite que hay "razones políticas" detrás de la urgencia.
-¿A qué se debe el apuro por impulsar ahora una ley de radiodifusión?
-Yo defino esta impronta como que estamos en los umbrales del acceso a nuevas tecnologías muy definidas, como la digitalización. Más allá de la relación coyuntural con distintos actores de la comunicación, el Estado no puede hacer frente a la digitalización con un continente jurídico de la dictadura. La digitalización, con una ley adecuada a los tiempos democráticos, permitirá amplificar la posibilidad de emisión y que haya muchos más actores que puedan emitir. Eso necesita un continente jurídico adecuado. Esa es la coyuntura que lleva al Estado a sancionar urgentemente una nueva ley. Porque de lo contrario esa potencialidad técnica está atrapada en un concepto concentrador de radiodifusión como fue el que instaló la actual ley 22.285.
-Los proyectos parlamentarios no contemplan nada de lo que usted está diciendo.
-Esos proyectos han logrado un consenso en el espíritu de muchos articulados, que dan cuenta del precepto general que es la Declaración de los Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Esos proyectos, presentados desde 1985, han dado muchos consensos. Anticipar la digitalización y las nuevas tecnologías será parte del trabajo el Comfer y de la Secretaría de Medios para aportar esas herramientas a la presidenta de la Nación, y que así tenga en sus manos una nueva herramienta, la nueva ley de radiodifusión, que tiene que tener una decisión política del Poder Ejecutivo como sustento. Al Ejecutivo le cabe un rol muy importante en este tema.
-Con un Congreso como el actual, con mayoría oficialista, lo que se va a aprobar es el proyecto del Poder Ejecutivo.
-Más allá de los números del Frente para la Victoria, esta ley va a tener mucho consenso y aportes de otras fuerzas políticas. La ley de radiodifusión es la madre de todas las batallas. No es casualidad que desde hace 28 años no se pueda tratar una ley de radiodifusión. No es casualidad que actores de poder en la comunicación vean que una ley de la democracia es una amenaza. La amenaza es la ley de la dictadura. Sabemos que hay muchas presiones, pero también sabemos que este umbral tecnológico les llega también a quienes no quisieron tratarla antes. Hoy, todos los actores necesitan una ley de radiodifusión. Y el Estado tiene que poner un grado de racionalidad para garantizar los principios de San José de Costa Rica, que son la libertad de expresión y la pluralidad de voces.
-¿De qué pluralidad de voces se está hablando?
-De los gremios, las universidades, las cooperativas, las fundaciones. La ley 22.285 restringía las licencias sólo para las personas físicas o jurídicas con fines de lucro. Pero también las personas sin fines de lucro tienen que acceder. Las nuevas tecnologías tienen que ser la excusa para nacer democratizados.
-Es curioso que en este momento coyuntural de pelea entre el poder político y los medios se avance con esta ley.
-El momento político-técnico-comunicacional requiere una nueva ley. Hay una voluntad del Estado para democratizar las comunicaciones. Esta ley se fue postergando por infinidad de presiones. Vamos a llevar un proyecto a la Secretaría de Medios.
-¿No es paradójico que el gobierno actual promueva la desconcentración del mercado, cuya concentración consolidó el gobierno de Néstor Kirchner?
-La prórroga de las licencias se ha dado en una coyuntura en la que los titulares de frecuencias adujeron que no habían superado la crisis de 2002 y necesitaban más tiempo de titularidad para refinanciar sus deudas. El Poder Ejecutivo les asignó diez años más. Fue una coyuntura política. Si se hubiera querido intervenir desde el Estado, limitando la expresión, no se hubiera atendido ese pedido de las empresas periodísticas. Una cosa no obstaculiza la otra. Que se les haya dado 10 años más no significa que no pueda haber una nueva ley de radiodifusión.
-¿Tanto apuro para la ley de radiodifusión y el Gobierno aún no aprobó norma de TV digital?
-En el curso de este año el Gobierno va a aprobar la norma. La digitalización en sí ofrece unas alternativas que son básicas para democratizar la comunicación en los medios.
-¿Dónde está la coherencia política cuando se refuerza la concentración de medios y luego se desconcentra?
-El artículo 12 de libertad de expresión dice que los monopolios y oligopolios deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, porque conspiran contra la democracia. Kirchner no reconfirmó la concentración. En un momento de crisis concedió la prórroga de las licencias.
-¿Por qué se avaló la actual situación de la TV por cable?
-Es que en la TV por cable hace mucho tiempo que no se venden nuevos pliegos y eso ayudaría a democratizar las señales de cable en cuanto a la composición de su grilla. La nueva grilla en la TV por cable, ordenando las señales de noticias, va a llevar a muchos cableoperadores a poner el grito en el cielo, pero otros van a estar contentos. El Estado tiene que intervenir para garantizar equidad. Al Estado le está faltando un registro de señales de cable, para ordenar temáticamente la grilla y que no lo haga la libertad de empresa. Así se garantizaría que todos los ciudadanos tuvieran el mismo acceso a las frecuencias.
Por Susana Reinoso y Alejandro Di Lázzaro
De la Redacción de LA NACION
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1 comentario:
Me estoy empezando a poner un poco nerviosa...
Tanto dice que todo se hace democraticamente,...no me parece
Sil
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